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David vence a Goliat

DAVID VENCE A GOLIAT

El TSJ de Cataluña confirma la sentencia que declara ilegales las tarifas de agua de Barcelona
En una sentencia notificada a finales de diciembre de 2014, la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado en su práctica totalidad la sentencia dictada en 2010 por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona, que declaró nulas las facturas de agua que desde 2006 reclamaba AGBAR a David -con su esposa Yolanda y sus tres hijos menores, uno de ellos minusválido-, y ordenó que se le restablezca el suministro de agua de forma inmediata, condenando a AGBAR y a la Entitat Metropolitana a que indemnicen a David por los  años en que les privaron de agua y finalmente condenando a ambas entidades a pagar las costas del primer juicio por haberse opuesto con temeridad.
Lo único que ha corregido la sentencia del TSJC, cuyo ponente ha sido el magistrado D. Juan F. Horcajada, es que la indemnización de daños y perjuicios  debe calcularse desde el 15 de julio de 2007 hasta que se restableció el servicio.
Según la sentencia ahora confirmada, dictada en octubre de 2010 por el Magistrado Eduard Paricio, a primeros de 2006 AGBAR giró a cargo de David dos facturas por importe superior a 6.500€, provocadas por un escape de agua en el sótano de la casa, y al no pagarlas le suspendió el servicio en marzo de 2006.
Desde entonces la compañía de Aguas venía reclamando a la familia Molina-González, que vive con sus tres hijos en una vivienda de promoción pública de Trinitat Vella de 35 metros cuadrados, más de 6.500 euros por aquel inexistente consumo, causado por la avería, pese a que el consumo normal de la familia era de 50-60 euros.
Como efecto colateral de sus reclamaciones, Agbar trasladó el expediente a la Agència Catalana de l’Aigua, que por el mismo motivo del escape comenzó a reclamar unos 2.500 euros a la familia por el canon del agua, habiéndole embargado 49,98 euros de su nómina de ¡¡159 euros!!, que cobraba por colaboraciones esporádicas en el Circuit de Catalunya, su único trabajo para mantener a la familia. Paralelamente, la familia recibía reclamaciones de una empresa de impagados de Madrid por el mismo concepto, con amenazas de problemas financieros.
A primeros de 2007, ante el agobiante acoso que sufrían, acudieron a pedir ayuda a una asociación amiga, y a partir de entonces fueron defendidos por el abogado Pau Saumell, que presentó varias demandas.
El juez basa su sentencia en varios fundamentos. En primer lugar, razona que “el servei es gestiona mitjançant la Societat General d’Aigües de Barcelona, societat que actúa com a concesionaria del servei, de forma que estem davant un supòsit de gestió indirecta per concessió. Ara bé, resulta que no hi ha contracte de concessió”.
Explica que, independientemente de que ya en el siglo XIX Agbar o su precedesora recibieran alguna adjudicación de aprovechamientos hidráulicos, el caso es que no se ha aportado ninguna resolución que adjudique el servicio, pues las bases que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona en 1966 no vinieron acompañadas por una adjudicación en legal forma previa licitación pública, concluyendo que la concesión es “un acte radicalment nul”. Es más, añade la sentencia, ni siquiera existió la concesión, sino un proyecto de adjudicación, por lo que “ni hi ha adjudicació del servei ni hi ha contracte”, y por tanto “la Societat General d’Aigües de Barcelona presta el servei municipal d’abastament domiciliari sense el preceptiu títol, tal i com al.lega l’actor”.
Y de ahí concluye que “certament l’anterior constatació té importants repercusions materials, doncs ara per ara la gestió del servei d’abastament d’aigües a la ciutat de Barcelona i l’actuació de la SGAB en tant que concesionaria del servei son actuacions il.legitimes”. 
Seguidamente la sentencia determina que el precio cobrado por el suministro de agua es una tasa, por lo que “en estar davant un preu que ha estat tramitat com una tarifa privada, cal concloure que el preu que la Societat General d’Aigües cobra en contraprestació del servei que proporciona als ciutadans de Barcelona és il.legal, de forma que cal aceptar el recurs de l’actor en aquest punt”.
A partir de esos razonamientos deduce también que en el caso presente “no hi ha impagament del servei des del moment que la tarifa no resultava jurídicament exigible”.
En cuanto al procedimiento seguido para que la Entitat Metropolitana autorizara el corte del suministro, la sentencia es contundente concluyendo que “es constata una fallida generalitzada de les garanties procedimentals que asisteixen als usuaris del servei”.
Finalmente, el magistrado decide condenar a las demandadas al abono de daños y perjuicios en base a que “si es va suspendre efectivament el subministrament del servei, és raonable que l’actor haguès d’abandonar provisionalment el seu domicili tal com al.lega i, si no el va abandonar, la familia va romandre en el mateix en condicions de manca manifesta d’habitabilitat, de forma que la indemnització és igualment procedent. (...) Una responsabilitat que cal imputar solidàriament a l’Entitat Metropolitana i a la Societat General d’Aigües en tant que causants conjuntes del dany”.

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