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MOROSIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS

MOROSIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS

Tiempo atrás hablábamos de la entonces novedosa aprobación de la Ley 15/2010, de reforma de la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dando a conocer a los Ayuntamientos las consecuencias que tendría la misma para sus obligaciones, entonces en situación muy delicada (aún más que hoy).

Exponíamos que los plazos de pago se reducían de sesenta a treinta días, y que la reducción del plazo de pago se introducía paulatinamente: 55 días hasta diciembre de 2010, 50 días durante 2011, 45 días durante 2012 y 30 días desde enero de 2013 

Desde entonces el contratista acreedor puede interponer directamente recurso contencioso administrativo si la Administración no contesta a su reclamación de pago en un mes, pues esa falta de respuesta se interpreta como reconocimiento de que ha vencido el plazo, y el Juez adoptará siempre como medida cautelar el pago anticipado de la deuda, salvo que la Administración demuestre que no es total o parcialmente exigible, limitándose entonces el juez a obligar al pago de la cantidad que se considere exigible.

Nos preguntábamos qué pasaría si el Ayuntamiento, a pesar de tener una sentencia firme que le condena, no puede pagar por falta de liquidez, y la respuesta puede haber llegado ahora para los acreedores desesperados.

La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la de financiación de las Comunidades Autónomas, autoriza a los ayuntamientos, en caso de justificar graves desfases de tesorería como consecuencia de la ejecución de sentencias firmes, a incluir las necesidades financieras que sean precisas en los compartimentos Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, si se encuentran en las situaciones descritas en los artículos 39 o 50 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, con los demás requisitos previstos en tal disposición.

Para ello deberán elaborar un plan de ajuste que recoja las necesidades financieras y estarán obligadas a dotar en el presupuesto de 2016 por una cuantía equivalente al 1% de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes.

De poderse acoger un ayuntamiento a esa disposición –ya que debe justificar graves dsfases de tesorería-, el Estado adelantará el pago de las sentencias firmes y paralelamente aumentará la deuda de la entidad local con el Estado, aunque en muchos casos puede constituir un alivio para los proveedores de los municipios. Eso sí, derivará en un mayor control de las finanzas locales por el Estado.

 

Pau Saumell

SMS ADVOCATS